Criminalidad y seguridad pública: una mirada profunda a un Ecuador en crisis

En los últimos años, Ecuador ha experimentado un alarmante incremento en los índices de criminalidad. Así lo público la organización Human Rights Watch en su informe anual de 2024, situándolo entre los países más violentos de América Latina. Sobre el tema, Santiago Ruiz Castillo, docente investigador y actual director de la Maestría en Criminología y Política Criminal de la Universidad Técnica Particular de Loja y vicepresidente de la Red Nacional de Criminología, indica que las raíces de esta problemática tienen relación principalmente con la situación socio política y económica.
Según Santiago Ruiz, el desalentador panorama sobre la situación actual de la criminalidad en Ecuador es el resultado de una combinación de factores como la escasez de empleo, la falta de oportunidades para una óptima articulación de emprendimientos y la acelerada expansión del crimen organizado y de bandas criminales, lo que ha motivado que Ecuador registre un incremento significativo de homicidios.

En 2023, la tasa de homicidios alcanzó aproximadamente 43 por cada 100 mil habitantes, situando al país entre los tres más violentos de la región, junto con Venezuela y Honduras.

Un dato preocupante del informe ¿El paraíso perdido? Tráfico de armas de fuego y violencia en Ecuador, elaborado por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), es que a partir del año 2020 el crimen organizado se ha duplicado año tras año, y también la recurrencia en el uso de armas de fuego. Estas cifras superan la media regional y mundial de violencia cometida con estos dispositivos. Si bien las muertes violentas corresponden a hombres jóvenes, los asesinatos de mujeres también presentan un crecimiento significativo en los últimos años. "En el caso de los femicidios registrados en 2023, las muertes violentas de mujeres por razones de género sumaron un total de 321, de las cuales el 37 % fueron cometidas con arma de fuego".
Además de los homicidios hay otros delitos que han mostrado un incremento notable.

Homicidios intencionales en Ecuador por tipo de arma utilizada, 2019-2023. Fuente: OECO, Boletín anual de homicidios intencionales en Ecuador.

El secuestro, los robos, los asaltos y las extorsiones se han vuelto más frecuentes, especialmente en la región costera del país. Sin embargo, el profesor Ruiz advierte que estas actividades delictivas están comenzando a expandirse hacia la Sierra ecuatoriana, lo que indica una propagación preocupante de la delincuencia organizada.En este sentido, se puede hacer referencia a la analogía "el cáncer se propaga". Una vez detectada la enfermedad hay que combatirla y no dejar que los tentáculos que proceden de esta enfermedad terminen con un Estado y territorio.

En estos mercados criminales, según los periodistas ecuatorianos Mónica Almeida y Pául Mena, autores del libro Tras los hilos de la violencia criminal, existe un amplio espectro de actores que establecen relaciones de cooperación o conflicto, empleando bandas criminales para distintos propósitos.

Por ejemplo, en Latinoamérica es conocido que los grupos narcotraficantes están relacionados con las bandas coyoteras dedicadas al tráfico de migrantes, o que la minería ilegal sirve para blanquear el dinero de otros negocios ilícitos.

Otro aspecto que resalta Santiago Ruiz es la alarmante participación de menores de edad en actividades delictivas. Jóvenes de 14 y 15 años están siendo reclutados por organizaciones criminales, atraídos por la promesa de ingresos que pueden alcanzar hasta los USD 4 mil mensuales. Esta situación refleja una crisis profunda en la salud mental y el bienestar de la juventud ecuatoriana, exacerbada por la falta de oportunidades y el acceso limitado a servicios de apoyo.
Factores estructurales y respuesta estatal

El profesor Ruiz identifica varios factores estructurales que han contribuido al aumento de la violencia en Ecuador:• Crimen organizado: la presencia de cárteles internacionales que utilizan a Ecuador como ruta de tránsito ha intensificado las actividades delictivas en el país.

• Debilidad estatal: la incapacidad del Estado para controlar eficazmente el territorio y hacer cumplir la Ley ha permitido que las organizaciones criminales operen con relativa impunidad.

• Crisis económica: la pobreza y la falta de empleo han empujado a muchos, especialmente a los jóvenes, hacia actividades ilícitas como medio de subsistencia.

En un intento por combatir la creciente inseguridad, el Gobierno ha implementado medidas como el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 15%, con la intención de destinar los fondos adicionales a mejorar la seguridad. Sin embargo, estas iniciativas no han logrado los resultados esperados. A pesar de la inversión de más de dos mil millones de dólares en la "guerra contra el narcotráfico", el año 2024 se posicionó como el segundo más violento en la historia del país.

Con este escenario desalentador, las fuerzas de seguridad enfrentan múltiples desafíos en su lucha contra la delincuencia:

• Presupuesto insuficiente: aunque se ha incrementado los recursos, estos no son proporcionales al crecimiento de la criminalidad.

• Equipamiento obsoleto: la falta de tecnología y armamento adecuado limita la capacidad operativa de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

• Falta de confianza pública: más del 60% de la población no confía en la Policía o en el sistema judicial, lo que dificulta la colaboración ciudadana en esfuerzos de seguridad.Además, la infiltración de elementos corruptos dentro de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial ha socavado la eficacia de las operaciones contra el crimen organizado. La impunidad y la liberación prematura de criminales peligrosos son problemas persistentes que requieren atención urgente.

Ruiz enfatiza en la importancia de una cooperación estrecha entre el Gobierno, la Policía Nacional y el sistema judicial para enfrentar eficazmente la criminalidad. Sin embargo, señala que las leyes actuales no son suficientes para combatir el crimen organizado de manera efectiva. Es esencial reformar el sistema penal para garantizar que las sanciones sean proporcionales a los delitos y que se implementen medidas de rehabilitación adecuadas.Además, la protección de jueces y fiscales es crucial para evitar que sean objeto de amenazas o coacciones por parte de organizaciones criminales. La implementación de programas de protección y la adopción de prácticas como el anonimato de jueces en casos sensibles podrían ser pasos efectivos en esta dirección.

Impacto en la sociedad y la economía

Finalmente, Ruiz indica que la ola de violencia ha tenido repercusiones significativas en la sociedad ecuatoriana. Por eso, la Corporación de Participación Ciudadana del Ecuador llama a la unidad a todos los actores sociales y políticos para rescatar a Ecuador de las manos del crimen organizado.

Este mismo organismo divulga datos alarmantes: en 2023, más de 500 ecuatorianos fueron víctimas de la delincuencia cada hora, incluyendo robos, agresiones y otros actos delictivos.

La percepción de inseguridad ha llevado a una migración masiva, con aproximadamente 250 mil personas que han abandonado el país en los últimos años en busca de entornos más seguros. Esta diáspora afecta la estructura demográfica y tiene implicaciones económicas ya que la fuga de talento y mano de obra joven puede obstaculizar el desarrollo económico a largo plazo.

Ruiz concluye aseverando que la crisis de seguridad en Ecuador es un desafío multifacético.